Agricultura y Ganadería de Castilla y León
Agricultura y Ganadería de Castilla y León
La Ley Agraria prevé la derogación de la ley 1/1999, de 4 de febrero, de ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por el aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras, introduciendo una profunda reforma en la regulación de esta materia, con el objetivo último de adaptar el ordenamiento a la realidad existente, dando cabida a nuevas situaciones que requieren de regulación, y mejorando las estructuras y fórmulas de aprovechamiento, a los efectos de dotar de mayor dinamismo y eficacia al sistema establecido.
Una de las novedades más importantes en este ámbito es la modificación del sistema de adjudicación de los aprovechamientos sometidos a ordenación común, estableciéndose un nuevo régimen de prioridades en el acceso a dichos recursos, en el que se prima a los jóvenes agricultores y a las explotaciones prioritarias ubicadas en el ámbito territorial correspondiente.
La futura norma desarrolla una nueva regulación, más homogénea y más adaptada a la realidad de Castilla y León, de las figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios; todo ello, con los objetivos de fomentar los productos agroalimentarios de Castilla y León a través de las figuras de Calidad Alimentaria Diferenciadas, establecer las normas necesarias para garantizar la calidad, el ordenamiento de sus órganos de gestión y consejos reguladores, el establecimiento de las directrices para su control y la regulación de su régimen sancionador.
Se le da por primera vez reconocimiento con rango de Ley a la marca de garantía “Tierra de Sabor”, recogiendo expresamente su incuestionable vinculación con la producción primaria de Castilla y León, al proceder la materia prima sustantiva con la que se elaboran los productos amparados por la marca de explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León y al ser transformada en industrias agroalimentarias de la región, facilitando su comercialización y aportando mayor valor añadido a la producción agroalimentaria de esta Comunidad.
La nueva ley dedica un libro entero a articular herramientas dirigidas a mejorar el equilibrio de la distribución de costes y beneficios en la cadena de valor de los productos agroalimentarios. Se impulsa la inclusión de cláusulas en los contratos agrarios que permitan la resolución de las controversias que pudieran originarse en el cumplimiento de tales contratos, mediante fórmulas alternativas como el arbitraje o la mediación.
En este mismo sentido, se crea la Junta de Arbitraje como órgano de naturaleza arbitral competente para resolver todas las cuestiones litigiosas relacionadas con la aplicación de los contratos agrarios, que serán aquellos que tengan por objeto tanto la compraventa de la producción agrícola y ganadera en origen, como los contratos suscritos entre la industria agroalimentaria y la distribución, y los contratos de arrendamientos rústicos.
También se regula por primera vez en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la figura de “mercado de productos agrarios en origen” –lonjas- con la finalidad de facilitar y fomentar las operaciones de compra y venta de productos agrarios, garantizando la transparencia en la formación de los precios agrarios y en la información sobre los mismos, de concentrar la oferta y la demanda y fomentar la calidad de las producciones agrarias.
Una parte importante de esta regulación consistirá en la creación del Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León, registro administrativo de carácter público en el que se inscribirán obligatoriamente todos los mercados de productos agrarios ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad.
La ley introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico de la Comunidad la figura de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de ámbito autonómico, pues Castilla y León no disponía hasta ahora de normativa regional.
Estas organizaciones serán entidades de naturaleza jurídico-privada, cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad de Castilla y León e integrada por organizaciones representativas de la producción, de la transformación y en su caso de la comercialización agroalimentaria. Se constituirán para velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria y llevar a cabo actuaciones que permitan mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados.
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